Carlos Rodrigo Ortiz
Gobernador del Estado.
Nació en la ciudad de Álamos en 1851. Cursó la educación primaria en el Liceo de Sonora, se trasladó a Alemania a proseguir sus estudios y terminó con éxito la carrera profesional de abogado en la ciudad de México.
Figuró en la oposición al régimen pesqueirista, a mediados de 1877 fue electo diputado local por el primero de los distritos electorales de Álamos.
Electo diputado federal en 1880 por su distrito de origen, se trasladó a la capital y, con carácter de apoderado del gobierno local, obtuvo una concesión de la Secretaría de Fomento para construir un ferrocarril, por cuenta del Estado, de Álamos al puerto de Yavaros.
Designado gobernador constitucional para el bienio de 1881 a 1883, tomó posesión el 1o. de septiembre del primer año citado y dos meses después expidió la disposición legislativa más importante de su administración: la ley de 5 de noviembre de 1881 que estableció en el Estado la educación obligatoria y autorizó a la vez el establecimiento del Instituto Científico y Literario.
En los mismos días se inauguró el primer tramo del Ferrocarril de Sonora, entre las poblaciones de Guaymas y Hermosillo que vino a abrir nuevos horizontes a la vida económica sonorense. Hombre de talento y educación esmerada, carácter violento y falto de sentido práctico para manejar y dirigir los asuntos de la administración pública, acabó por distanciarse del grupo político que lo había llevado al poder y del general en jefe de la I Zona Militar.
En diciembre se expidió una ley que autorizaba al Ejecutivo local para emitir billetes por la cantidad de $400,000.00 o en su efecto certificados al portador autorizados por la Tesorería General del Estado, con valor de uno, cinco, diez, veinte, cincuenta y cien pesos, de curso voluntario y obligatoria su aceptación para las oficinas públicas como si se tratara de dinero en efectivo.
A continuación autorizó otra ley que estableció un tres por ciento sobre la producción de metales y metaloides y que en el Estado nadie podría dedicarse a exploraciones y explotaciones mineras sin permiso del gobierno del Estado. Siguió la ley de 10 de enero de 1882 que suspendió las garantías individuales por el término de un año en el territorio sonorense en contra de los plagiarios, incendiarios, salteadores, parricidas y homicidas alevosos.
Esta disposición, contraria a los preceptos del artículo 29 de la Constitución Federal, originó el principio del distanciamiento con el general José Guillermo Carbó, jefe de la I Zona Militar, quien representó contra la legalidad y aplicación de la precitada ley. El gobernador de carácter violento y el general dipsómano tuvieron un choque fuerte que los distanció totalmente y cada día se fueron alejando más y más. El coronel Torres y los suyos trataron de mediar para neutralizar las dificultades entre ambas autoridades, pero el carácter del licenciado Ortiz no se prestó para ello y el periódico oficial del Estado principió a atacar al general en jefe porque no se atendían los asuntos militares a gusto de la autoridad local.
Para hacer frente a la guerra en contra de los apaches y de los yaquis rebeldes, el gobernador solicitó y obtuvo facultades extraordinarias de parte del Congreso y principió a dictar una serie de medidas impolíticas e inconvenientes, dada la situación que prevalecía entre el Gobierno y el cuartel general, y fuera de su resorte, como pueden considerarse la Ley de Seguridad Pública y el acuerdo para la organización de fuerzas locales de Guardia Nacional, que fueron consideradas como un reto por la autoridad militar.
En este estado las cosas el periódico El Fronterizo que se editaba en Tucson comenzó a atacar al gobernador Ortiz por sus desaciertos administrativos y los amigos de éste inculparon al general Carbó de ser el autor de dichos ataques. Esto y el llamado que el jefe de la zona hizo al general Otero, quien operaba en la región de Sahuaripa, sin conocimiento del Gobierno local, acabaron de predisponer a ambos funcionarios.
El coronel Torres y los suyos se agruparon alrededor del general Carbó, propagaron noticias desfavorables para el gobernador con el propósito de desacreditarlo ante la opinión pública. Otero dejó el mando de las fuerzas locales por disposición superior, las correrías de los apaches aumentaron, el periódico oficial insistió en reprochar al general Carbó la violencia con que había procedido en los negocios puramente locales y lo inculpó de haber enviado noticias falsas al Gobierno General. Mientras tanto, el general en jefe expresaba públicamente la necesidad de remover del Gobierno al licenciado Ortiz, por su ineptitud para gobernar.
El general Bernardo Reyes, jefe de las Armas en el Estado se dirigió al gobernador Ortiz desde Bavispe, rechazando en una forma ponderada los fuertes cargos que el periódico oficial hacía al jefe de la zona y, como los hechos y la campaña que personalmente dirigía estaban en contraposición con las afirmaciones del periódico oficial, exigía que se hiciese una rectificación. Las cosas se neutralizaron momentáneamente, Reyes fue declarado “ciudadano sonorense por los importantes servicios prestados al Estado”; pero Carbó y Ortiz siguieron atacándose por medio de la prensa de México. La agitación volvió a tomar proporciones y el gobernador designó comandantes militares en los distritos del Estado.
El grupo torrista inició la publicación de un periódico de oposición al régimen local, el órgano oficial de éste señaló al general Reyes como redactor en jefe del primero y rompió lanzas con uno y con otro a las primeras de cambio, inculpando a Reyes, Torres y su grupo de estar preparando una rebelión en contra del Gobierno y de haber dado la consigna a Julián Valdez de que asesinara al gobernador.
El 10 de octubre solicitó y obtuvo facultades extraordinarias de parte de la Legislatura para poner término a la situación anormal que atravesaba el Estado, hacer salir a las tropas federales del territorio sonorense y trasladar los poderes locales. Semejante estado de cosas no podía perdurar y el gobernador Ortiz, obligado por las circunstancias en que sus actos de violencia lo habían colocado, tuvo que dejar el Poder Ejecutivo el 29 del mismo mes previa una licencia de tres meses, pues los considerandos de la ley de 10 de octubre citada constituían un reto para la Federación.
Entre los actos más importantes de la administración del licenciado Ortiz se contó el establecimiento del Instituto Científico y Literario que abrió sus puertas a la juventud estudiosa el 1o. de julio de 1882 bajo la dirección del doctor Pedro Garza. Para lograr esta finalidad se recogieron donativos que importaron más de sesenta mil pesos, que se invirtieron en enviar a Europa al doctor Garza con el fin de contratar catedráticos y adquirir obras y colecciones zoológicas que absorbieron el total de la cantidad citada y resultaron fuera, completamente, del medio real sonorense.
El 29 de enero de 1883 obtuvo una prórroga de su licencia por cuarenta días y, antes de vencerse ésta, se presentó en Hermosillo el general Juan de la Luz Enríquez, portando la renuncia que el licenciado Ortiz hacía del cargo de gobernador. No volvió a figurar en la política local y falleció enajenado en la ciudad de México en 1902.
Texto basado en:
ALMADA, Francisco R. (1983) , Diccionario de Historia, Geografía y Biografía Sonorenses. Hermosillo, Sonora: Editorial del Gobierno del Estado de Sonora.
Fuente:
Enciclopedia Sonora en tus Manos en CD-ROM (C)2003
